La Comisión Europea ha decidido extender el uso del polémico pesticida glifosato en la Unión Europea por al menos 10 años más, a pesar de la división entre los 27 Estados miembros sobre su prohibición o prolongación. La decisión se tomó ante la falta de una mayoría cualificada, y la actual autorización del glifosato caduca el 15 de diciembre. La Comisión ha decidido ampliar su uso con ciertas restricciones y condiciones basadas en las evaluaciones de la Autoridad Europea de la Seguridad Alimentaria (EFSA), que, aunque descartó “áreas críticas de preocupación”, admitió “lagunas de datos”.
La propuesta inicial de la Comisión no fue aprobada ni rechazada por los Estados miembros, por lo que Bruselas ha decidido renovar la autorización del glifosato por 10 años, sujeta a nuevas restricciones y condiciones. Entre estas restricciones se incluye la prohibición del uso como desecante antes de la cosecha y la adopción de medidas para proteger a los organismos no objetivo del herbicida.
El glifosato, desarrollado por Monsanto y ahora propiedad de Bayer, es el herbicida más utilizado en el mundo y ha generado indemnizaciones multimillonarias debido a sus efectos perjudiciales. La Comisión Europea argumenta su decisión en las evaluaciones de seguridad de la EFSA, que respaldaron su uso. España se ha mostrado a favor de extender el uso del glifosato, mientras que Alemania y Francia se abstuvieron en la votación.
A pesar de las restricciones propuestas por la Comisión, la decisión ha generado desacuerdo con las organizaciones medioambientales. 196 organizaciones enviaron una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiendo la retirada de la renovación del glifosato por considerarlo un “alto riesgo para la salud humana y los ecosistemas”. Las organizaciones señalan la asociación de esta sustancia con el desarrollo de ciertos tumores según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS.
Ecologistas en Acción también ha expresado su preocupación por el riesgo ambiental del glifosato y ha instado al Gobierno a oponerse a su renovación. Informes oficiales indican que en 2022, el 34,6% de las aguas superficiales españolas estaban contaminadas por glifosato en concentraciones que incumplen la norma de calidad ambiental. El AMPA, principal tóxico generado por la degradación del glifosato, estaba presente en el 13,7% de los puntos de muestreo.
